Malas noticias para la economía de la automoción nacional

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Nissan cerrará la planta de la Zona Franca y las factorías satélite de Barcelona, lo que implicará unos 3.000 despidos en los próximos meses. Al menos 15.000 empleos indirectos dependen de estas instalaciones. La decisión no afecta a las factorías de Cantabria y Ávila. Genís Alonso, consejero director general de Nissan Motor Ibérica, firmó ayer su cese en el cargo.

La multinacional japonesa ha comunicado a los sindicatos y al Gobierno de España su decisión de cerrar sus plantas de Barcelona, lo que implica unos 3.000 posibles despidos, dentro de la voluntad de la alianza con Renault de que Nissan se concentrará en Japón, China y EEUU. Se calcula que existen unos 15.000 o 20.000 empleos que dependen indirectamente. La compañía ha explicado a los sindicatos que su intención, hoy, es que la clausura se produzca en diciembre.

Nissan ha ofrecido una rueda de prensa en Japón para dar detalles sobre sus planes a medio plazo en todo el mundo. Su presidente y consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, ha explicado que la compañía tiene la intención de reducir su capacidad de producción en todo el mundo de los 7,2 millones de unidades anuales de ahora a 6 millones, un 20% menos, con la voluntad de que las instalaciones funcionen al 90% de su capacidad, esto es, que ensamblen 5,4 millones de vehículos por ejercicio.

Dentro de estos planes, la multinacional cerrará la planta de Indonesia, de manera que Tailandia será la única planta en la región Asean (sudeste asiático). También ha expresado la «intención de cerrar la planta de Barcelona» y mantener Sunderland como planta base de producción en Europa.

El consejero director general de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso, firmó ayer el cese como máximo responsable en España, cargo que desempeñaba desde septiembre de 2018. El ejecutivo se ha negado a ser quien cierre la planta de la Zona Franca, ya que entiende que su función era potenciar las instalaciones, no desmantelarlas. Le sustituirá Frank Torres, que fue consejero director general de Nissan Motor Ibérica entre 2011 y 2016.

La Administración ya ha alertado de que no pondrá fácil a la multinacional japonesa su salida de Cataluña y ha advertido de que tendrá que asumir unos costes de al menos mil millones de euros, incluyendo las indemnizaciones a los trabajadores, el restablecimiento a su estado original de los terrenos (propiedad del Consorcio de la Zona Franca) donde está ubicada la planta y los múltiples compromisos, por ejemplo, con proveedores, además de la posible devolución de subvenciones que, en los últimos doce años, según la Generalitat, se sitúa en 25 millones de euros.

De nada ha servido el plan industrial que el Gobierno y la Generalitat presentaron a Nissan -que preveía ayudas por 100 millones para una inversión de 300 millones- ni el ERE que se estaba aplicando para 600 personas con la intención de hacer más competitiva la planta. Incluso Nissan había anunciado una inversión de 70 millones de euros para una nueva planta de pintura (las obras no han comenzado), que presagiaba la continuidad de las instalaciones.

El plan industrial que el Gobierno y la Generalitat propusieron a Nissan para mantener su actividad en Cataluña incluía ayudas por cien millones de euros, la tercera parte de los 300 millones que, según la Administración, le habría costado a la multinacional japonesa la inversión para dotar de un modelo eléctrico a la planta de la Zona Franca y asegurar su continuidad.

Fuente: (La Vanguardia, 29-05-2020)

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